A mediados de la legislatura socialista y tras los incontables muertos en los muros de la vergüenza y las aguas atlánticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación presentó hace unas semanas el Plan África 2006-2008, con el que prevé mejorar las estructuras políticas, promover la lucha contra la pobreza, fomentar la cooperación en materia de control migratorio y promover "intercambios" comerciales y de inversión. El Plan África incluye cuestiones como la readmisión de inmigrantes, la defensa de intereses del sector pesquero y energético, un aumento de los créditos FAD y una mayor proyección de la lengua española en África. En otras palabras, un Plan con el que finalmente el MAE se ha quitado la máscara benevolente de lo solidario.
Mientras en la AECI se dedican a homenajear a los suyos, no existe reparo alguno en reforzar aún más la condicionalidad de la ayuda española a los países subsaharianos. Ayuda que se encuentra ahora oficialmente ligada a acuerdos de repatriación, que, por cierto, se llevan a cabo en condiciones más que dudosas. Las inversiones de Repsol YPF en Argelia y Mauritania (bajo el término de "seguridad energética") son otro bonito ejemplo de ayuda altruista y "sostenible", no dude en consultarlo con sus amigos bolivianos.
En materia de desarrollo, el Plan África no aporta ideas eficientes ni estrategias creativas, sino que asigna a la cooperación y a la supuesta solidaridad un rol subordinado a unas políticas represivas de inmigración y un severo control de fronteras. Así, justo dos semanas antes de la esperada Conferencia Euro-Africana de Rabat, se ha creado un marco adecuado para seguir reprimiendo los flujos migratorios a costa de los cientos de ahogados en el Atlántico.
De cara al público, hoy se ha firmado el convenio para la creación de la Casa África en Las Palmas que se inaugurará en septiembre. Mientras tanto, el MAE compra las firmas de acuerdos migratorios con créditos FAD y las actuaciones de la AECI se están militarizando (como recientemente en Mauritania). Ya hay suficiente experiencia en esta materia: según indica un reciente informe de Oxfam International, España sigue siendo campeón mundial en la exportación de munición a África Subsahariana.
lunes, 26 de junio de 2006
jueves, 15 de junio de 2006
grandes que predican (aportación externa)
Varios periódicos españoles, usualmente parcos en cuanto a noticias relacionadas con la cooperación al desarrollo, han dedicado un amplio espacio a la noticia de la adopción por parte de 11 grandes ONG de un código de conducta y transparencia.
Así, El País nos relata que estas 11 grandes ONG (entre ellas Oxfam, Ayuda en Acción, Amnistía Internacional, Greenpeace y Save the Children) se han impuesto de manera voluntaria un detallado código de conducta y transparencia que persigue garantizar y profundizar su legitimidad ante la opinión pública. Con este código, abierto a todas las ONG que acepten esos mismos principios, los firmantes quieren adelantarse a la creciente crítica sobre el poder de estas organizaciones con carencias importantes con respecto a la democracia interna.
Las pequeñas deberían agradecer la información y la oportunidad de que se les deje abierto dicho código, sin poder dejar de recordar que suscriben, al igual que la mayoría de asociaciones y fundaciones activas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, diversos códigos de conducta específicos al sector, existentes en el ámbito autonómico, nacional y europeo. Así, por mucho que desde Oxfam se nos explique que predican con el ejemplo mediante un paso sin precedentes y con la primera iniciativa que establece estándares internacionales en el sector de las ONG, nos cuesta encontrar algo innovador en las escasas ocho páginas de dicho código.
No sólo el documento no aporta nada nuevo respecto a los diversos códigos de conducta vigentes, sino que considera oportuno resaltar lo evidente: las 11 grandes ONG deberán cumplir la ley.
Así, las organizaciones nos tranquilizan al recordarnos por ejemplo que sus políticas de recursos humanos establecen la prohibición específica de cualquier acto de soborno o corrupción por parte del personal o nos aclaran que: a través de nuestras políticas, estableceremos el respeto a la integridad sexual en todos nuestros programas y actividades, prohibiendo el acoso, la explotación y la discriminación sexual. Un nivel de compromiso realmente asombroso.
Por último, preocupa constatar cómo en el ámbito de las ONG se impone cada vez más una lógica de “yo me lo guiso yo me lo como”, dónde la iniciativa privada sustituye el protagonismo de la esfera pública y escapa de todo control y debate. Las 11 grandes ONG no necesitan regulación colectiva alguna, ni colaborar con el resto del tejido asociativo. Al igual que las grandes empresas cuando se lavan la cara con sus códigos de responsabilidad social corporativa, las grandes ONG diseñan sus propias reglas y los periódicos nos informan de lo buenas que son.
Así, El País nos relata que estas 11 grandes ONG (entre ellas Oxfam, Ayuda en Acción, Amnistía Internacional, Greenpeace y Save the Children) se han impuesto de manera voluntaria un detallado código de conducta y transparencia que persigue garantizar y profundizar su legitimidad ante la opinión pública. Con este código, abierto a todas las ONG que acepten esos mismos principios, los firmantes quieren adelantarse a la creciente crítica sobre el poder de estas organizaciones con carencias importantes con respecto a la democracia interna.
Las pequeñas deberían agradecer la información y la oportunidad de que se les deje abierto dicho código, sin poder dejar de recordar que suscriben, al igual que la mayoría de asociaciones y fundaciones activas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, diversos códigos de conducta específicos al sector, existentes en el ámbito autonómico, nacional y europeo. Así, por mucho que desde Oxfam se nos explique que predican con el ejemplo mediante un paso sin precedentes y con la primera iniciativa que establece estándares internacionales en el sector de las ONG, nos cuesta encontrar algo innovador en las escasas ocho páginas de dicho código.
No sólo el documento no aporta nada nuevo respecto a los diversos códigos de conducta vigentes, sino que considera oportuno resaltar lo evidente: las 11 grandes ONG deberán cumplir la ley.
Así, las organizaciones nos tranquilizan al recordarnos por ejemplo que sus políticas de recursos humanos establecen la prohibición específica de cualquier acto de soborno o corrupción por parte del personal o nos aclaran que: a través de nuestras políticas, estableceremos el respeto a la integridad sexual en todos nuestros programas y actividades, prohibiendo el acoso, la explotación y la discriminación sexual. Un nivel de compromiso realmente asombroso.
Por último, preocupa constatar cómo en el ámbito de las ONG se impone cada vez más una lógica de “yo me lo guiso yo me lo como”, dónde la iniciativa privada sustituye el protagonismo de la esfera pública y escapa de todo control y debate. Las 11 grandes ONG no necesitan regulación colectiva alguna, ni colaborar con el resto del tejido asociativo. Al igual que las grandes empresas cuando se lavan la cara con sus códigos de responsabilidad social corporativa, las grandes ONG diseñan sus propias reglas y los periódicos nos informan de lo buenas que son.
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