martes, 30 de mayo de 2006

ser cooperante en la aeci: precariedad sin fronteras

Cuando ZP inauguró el talante como paradigma de la política española, se esperaron grandes cambios en la cooperación al desarrollo que poco a poco se han reducido a "pasos adelante" y la "recuperación del tiempo perdido".

Un buen ejemplo es la propia AECI que no solamente se ha quedado estancada en un never ending proceso de reforma hacia un organismo, algún día y tal vez, más independiente y mejor organizado. Hace unos días, los expatriados de la AECI, aquel personal técnico que trabaja físicamente en la OTC, pero se encuentra adscrito oficialmente a proyectos que "pertenecen" al estado receptor de la ayuda, dieron un toque de atención a Leire Pajín con un comunicado difundido entre las agencias de noticias. En él, critican que el recientemente aprobado Estatuto del Cooperante no cubra el personal propio de la Cooperación Española, ya que no cuentan ni con un contrato laboral español. En otras palabras, la AECI mantiene un amplio grupo de profesionales en condiciones grotescamente precarias y vulnerables: no tienen acceso al sistema de seguridad social español ni a un seguro médico ni a la protección consular más allá de la de cualquier español residente en el extranjero. Es decir, se desplaza a los técnicos propios no solamente física, sino también jurídicamente a los PVD, un hecho sin duda único en todo el sistema europeo de AOD.

Efectivamente, llama la atención el que se promueva desde la AECI una legislación favorable para los cooperantes españoles que excluye directamente a un aprox. 70% de su propio personal, unos 160 técnicos (de los 230 totales). Vistas las mejoras laborales del nuevo estatuto del cooperantes, la AECI aparece así como una ETT de subcontratas, frente a lo que las ONGD ofrecerán condiciones parecidas a los expatriados en PVD de cualquier empresa multinacional que se precie. No es difícil prever a qué segmento se desplazarán los cooperantes de mejor perfil ni como avanzará la prevista profesionalización de la AECI.

Pero desde la Avenida de los Reyes Católicos ya promueven sus propias maniobras de camuflaje: Entienden la impaciencia, pero indican que ya se están creando nuevos puestos fijos (a los que no se sabe aún si acceden precisamente los precarios veteranos). También acaban de firmar un convenio con La 2 sobre la realización de no menos de 13 documentales entorno a las labores de los cooperantes españoles del Programa de desarrollo del Sur y Este de la cuenca mediterránea, Azahar. Con ello, según la Secretaria de Estado para la Cooperación, se pretende "sensibilizar sobre las costumbres y el papel de la cooperación española" en la zona, lo que sin duda alegrará a los precarios desplazados entre Líbano y Mauritania.

Por cierto, el día del cooperante, proclamado por el Gobierno junto al estatuto, coincide con aquellos de Extremadura y Asturias, la alfabetización mundial y de Natividad de la Santisima Virgen María. Así hay para todos los gustos.

lunes, 22 de mayo de 2006

evaluando la ayuda española pos tsunami: desastres para dar y tomar

El viernes pasado, justo antes de viajar su jefa a Centroamérica, Ricardo Martínez, Director General de la AECI para Asia, recibió una delegación del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes cuyo alcalde, un tal Emeterio Álvarez, entregó a la AECI unos 40.000 Euros como ayuda de su municipio a la reconstrucción pos tsunami. Según comunica la propia AECI, este momento especial se aprovechó para que sus responsables" explicaran los pormenores de la fase de reconstrucción". Todo es poco para este municipio de 11.447 almas que apareció, quién no se acuerda, en las noticias cuando se negó ceder el prometido polideportivo a los grupos proCuba durante la Cumbre Iberoamericana de Salamanca.

Naturalmente, uno no deja de sorprenderse con las novedades del boletín de la AECI. Parece que, en esta ocasión, la AECI sale al paso de las duras críticas desde las ONGD sobre su ayuda desinteresada a la región afectada por el tsunami, que se compone principalmente de créditos FAD no precisamente bien acogidos por los Gobiernos de la zona. Así, un ayuntamiento de tercera fila cobra protagonismo estatal realizando un minúsculo aporte efectivo. Es decir, dando una ayuda que no se vincula directamente a la contratación de servicios y productos españoles, los que, por ejemplo, no suelen convencer ni en las diversas licitaciones de las Naciones Unidas.

En todo caso, aún con el silencio reinante en el sector, no cabe duda de que en todo lo referido al tsunami más vale no mirar con mucha lupa: La consultora madrileña DARA revisó la supuesta generosidad española tras el tsunami en el marco de la "Tsunami Evaluation Coalition". Los resultados (pdf en inglés) no pueden ser mejores:

  • - La ayuda española para la reconstrucción consiste en un 90% de créditos FAD con fuerte condicionalidad, por lo que para los receptores es prácticamente imposible gestionarla eficientemente

    - La mitad de la ayuda descentralizada (8 millones de Euros) se gastó en la operación militar y especialmente en el traslado de los efectivos del ejército

    - España no ha realizado aportaciones al fondo fiduciario de múltiples donantes (Indonesia Multi Donor Trust Fund) del Banco Mundial que armoniza las donaciones de la mayoría de los países OCDE


En resumidas palabras: "España es un donante inoperativo por sus mecanismos de financiación rígidos, lo que igualmente limita su capacidad de ayudar en consonancia con las necesidades y contribuir positivamente a los esfuerzos de ayuda a nivel internacional" (traducción del equipo de este blog).

Eso sí, Emeterio Álvarez (alcalde, por cierto, en crisis) y su ciudadanía solidaria podrán dormir tranquilos.

miércoles, 17 de mayo de 2006

¿ayer con leire en kenia y hoy una quiebra imposible?

Un contable de la Fundación AMREF Flying Doctors España, aquella ONGD que organizó parte de la agenda del famoso viaje de María Teresa Fernández de la Vega y Leire Pajín a Kenia, acaba de preguntar en el muy necesario y eficiente foro de consultas de solucionesONG lo siguiente:

    "Ante unas pérdidas consecutivas que pueden llegar a reducir los “fondos propios” de la fundación, ¿qué porcentaje es el que sirve como tope para no entrar en quiebra?, ¿en que artículo de la ley figura dicho porcentaje?

    Muchas gracias."


El asunto tiene varias facetas dignas de analizar:

Primero, ¿como puede consultar un profesional contable de una ONGD, de bastante peso, tan públicamente un asunto tan delicado en un foro tan abierto? Es más, ¿realmente cree que lo leerán pocas personas cuando su pregunta se distribuye vía un boletín semanal que hoy en día cuenta con no menos de 56.159 suscriptores? (sic)

Segundo, suponiendo que se trata realmente de un pequeño problema financiero de AMREF España, la situación parece ser dramática si ya no cuenta ni con fondos para pagar un buen economista (o uno malo que al menos sabe que las entidades sin fines de lucro no pueden entrar en quiebra jurídica).

Tercero y como indican las respuestas de los expertos, es realmente refrescante conocer de forma tan concreta un aspecto más de la casi increíble libertad y del absoluto descontrol sobre las fundaciones bajo la legislación actual. Es decir, si realmente las deudas de una fundación superan sus activos, el Patronato puede acordar su disolución (sin consecuencias jurídicas) y tan en paz.

Así que, amigo contable de AMREF, aún agradeciendo vuestra sinceridad algo preocupante, se te comunica que no hay nada que temer, no hay ni ley ni porcentaje que regule la quiebra de la fundación, sea tuya o la de otros. Simplemente, el Estado ofrece a las ONGD una fantástica franja gris alrededor de la figura de las fundaciones, con su ya crónico déficit democrático, que no fortalece precisamente la transparencia y la rendición de cuentas.

viernes, 5 de mayo de 2006

el silencio de las ongd sobre el petróleo boliviano

Desde que Evo Morales, ex líder cocalero, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia y se pasó por medio globo, incluida España, con su famoso jersey de rayas, las relaciones hispanobolivianas se balancean sobre tierras algo movedizas. La razón no es otra que el petróleo y el gas, temas clave para la riqueza y el potencial de desarrollo humano del más pobre de los países latinoamericanos.

Tuvimos que esperar hasta ayer para que el Gobierno de Evo Morales tomara las primeras medidas del anunciado proceso de nacionalización. En realidad, éste ya se había iniciado con las medidas legales contra algún que otro directivo de Repsol YPF, aquella empresa que defiende tan bien la buena imagen de los españoles en América Latina.

Mientras que en otros países europeos la sorpresa ante los soldados bolivianos precitando las instalaciones petroleras ya remitió ayer, desde España se ha enviado esta mañana una comisión interministerial "para tratar la crisis". La composición de esta delegación no deja lugar a dudas sobre la prioridad que nuestro Gobierno da al asunto a pesar de que el comercio petrolero con Bolivia es prácticamente nulo: Viajan representantes de Asuntos Exteriores, Economía e Industria para defender los intereses de Repsol YPF.

Los primeros en pronunciarse sobre este movimiento de fichas, entre las que se encuentran los fondos de la cooperación española y el proceso de condonación de deuda, han sido los Ecologistas en Acción quienes saben que una nacionalización al menos posibilita un uso más racional de los recursos naturales. En cuanto a ONGD, solamente ACSUR, IEPALA, OSCI y Paz con Dignidad están presentes en la "Contrajunta de Afectados por Repsol", cuya página web se está actualizando en estos momentos. Por lo demás, mucho silencio por parte de las instituciones dedicadas a la solidaridad, a pesar de que Bolivia es uno de los destinos más destacados de la cooperación española y cuenta con toda una colonia de expatriados provenientes de la península ibérica.

La razón es bien sencilla y no se basa en una supuesta neutralidad política del quehacer diario de las ONGD españolas: No pocas han accedido alguna vez a fondos de la Fundación Repsol YPF, entre ellas Ayuda en Acción, Codespa, Cruz Roja Española, FAD y FUNDESO. Por si queda alguna duda, la Fundación Repsol YPF también mantiene convenios marco con la Fundación Lealtad (que supuestamente vela por la transparencia de las ONGD) y la Fundación Carolina. La presidenta de la Junta Rectora de esta última institución algo especial es, mira quién bailó, la Secretaria de Estado para la Cooperación, Leire Pajín.